SPAET Colombia

Notas para la discusión

Carlos Alberto Torres Tovar

Hoy en día es común referimos a asuntos como la sostenibilidad urbana, el ordenamiento ecológico, los denominados derechos de la naturaleza, sus implicaciones, discusiones y resultados para el desarrollo del hábitat en la ciudad y el territorio. Todas, sin lugar a duda, discusiones de gran importancia y significación. En este texto, daremos cuenta de algunos de esos debates y su relación con la producción de la vivienda rural en Colombia.

Para ello partimos de reconocer que la noción ecológica en el ordenamiento del territorio aboga, en esta segunda década del siglo XXI, por aumentar la resiliencia ante los cambios climáticos extremos que afectan a los ecosistemas, a las personas, y a la infraestructura. En esta perspectiva, la adaptación basada en ecosistemas tiene como propósito aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las personas ante el cambio climático.

No olvidemos que el planeta lleva millones de años generando modificaciones y readecuaciones de tipo natural y el ser humano ha tenido que adecuarse a estas. Sin embargo, en las últimas décadas las actividades humanas han impactado notablemente la sostenibilidad de los ecosistemas generándose un cambio global, que a su vez, provoca modificaciones ambientales como el cambio climático.

Recordemos como entre fines del siglo XIX y lo que lleva este siglo XXI, los seres humanos hemos aumentado nuestra presencia en esta aldea global de manera desproporcionada, con más de 6000 millones de nuevos habitantes, que demandan y consumen recursos naturales, alimentos y mercancías terminadas en proporciones incontroladas. Formas de consumo, que no guardan relación con la capacidad de recuperación de los recursos renovables y el agotamiento de los recursos no renovables.

Desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto (diciembre 11 de 1997), ratificado por 187 países en el año 2005, se aviva nuevamente la necesidad por replantear las políticas habitacionales, productivas y económicas de los asentamientos humanos en la reducción del efecto invernadero y le establece una responsabilidad clara a los Estados en torno a este compromiso.

A partir de ello, se activó de nuevo una oleada global de proyectos entorno a restablecer el equilibrio medioambiental del planeta en distintas escalas y disciplinas presionados más por los movimientos ambientalistas y ecologistas, que para el 2016 ya han despertado una consciencia social sobre el cuidado de los ecosistemas, sin embargo, el accionar de muchas de las naciones en dicho Pacto ha sido fuertemente cuestionado en los últimos años por su poco o nulo compromiso en la consolidación de los cambios pactados, pese a que este mismo fue extendido hasta el año 2020 con unos porcentajes específicos de reducción de la contaminación global.

Países como Estados Unidos, Rusia, China y Canadá, han sido reacios a mantener el Acuerdo firmado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), bajo la premisa de que las metas proyectadas son poco realistas para el crecimiento económico y las formas de producción de los países industrializados. Esto ha generado una importante dicotomía para las restantes potencias mundiales y la gran mayoría de los países denominados en vía de desarrollo, que los pone en el dilema de la siguiente pregunta: ¿Cómo formular políticas macroeconómicas viables para reducir el impacto ambiental, cuando la principal fuente de desarrollo económico mundial ha sido la energía proveniente de combustibles fósiles?

No obstante, al final del 2015 se desarrolló en París la Cumbre del Clima -COP21-, donde los gobiernos revisaron y ajustaron el plan de lucha contra el cambio climático. Ello implica, requerir nuevamente de compromisos claros, a los países que son mayores emisores de gases de efecto invernadero y mayores consumidores de recursos naturales (agua, residuos y energía). Como era de esperarse, en esta Cumbre se volvió a dar el debate sobre el futuro de la tierra, incluyendo las nociones desarrollistas versus las de sostenibilidad ambiental, sumados al fuerte cuestionamiento frente al modelo energético vigente, basado fundamentalmente en los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón).

Sin embargo, otros señalan que la Cumbre del Clima -COP21 en Paris no fue más que otro encuentro de desencuentros ya que en términos reales, a pesar de ser firmado por 195 países y haber reconocido la necesidad de limitar en 1,5 Grados Centígrados entre 2015 y 2050 el aumento de la temperatura del planeta, no hay avances y compromisos significativos en cómo hacerlo. Así mismo, la resolución adoptada en la Cumbre deja un sinnúmero de aspectos sobre la mesa y una larga lista de incógnitas por resolver.

Baste con leer algunos fragmentos de la reflexión construida por la ONG Ecologistas en Acción (España), en la cual señala que el acuerdo alcanzado en la Cumbre de Paris es “decepcionante” e “insuficiente”, porque “carece de herramientas necesarias para luchar con eficacia contra el calentamiento global” y por “…desoír las luchas ciudadanas que ya están haciendo frente al cambio climático”. También señalan que “…se ha perdido una oportunidad de reforzar e internacionalizar un cambio de modelo basado en las [SIC Energías] renovables, que mantenga bajo tierra el 80% de los recursos fósiles, frene la industria extractivista y se ajuste a los límites planetarios”, por el contrario, “…se ha optado en cambio por consagrar la mercantilización del clima y las ‘falsas soluciones’ ”. 

También señalan como el Acuerdo “…no contempla las emisiones generadas por el transporte aéreo y marítimo, abre la puerta a trucos contables en el cálculo de las emisiones y deja sin amparo luchas como la desinversión en combustibles fósiles y el freno del fracking y las arenas bituminosas”.

Así mismo, según Ecologistas en Acción, el Acuerdo “…mantiene además los mecanismos de mercantilización del clima inscritos en anteriores tratados, como los mercados de carbono, que favorecen la especulación y la política del talonario frente a los esfuerzos reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Tampoco hay mecanismos garantistas para la financiación. La provisión de fondos para la adaptación a los países más vulnerables ha quedado relegada a una decisión de la cumbre, no al acuerdo vinculante, lo que posibilita una vuelta atrás en el futuro. Además, gran parte de esta financiación podrá ser usada para impulsar las citadas falsas soluciones, como la geoingeniería o la captura y almacenamiento de carbono, lo que supone una gran traba al desarrollo de las energías renovables”.

Dado lo anterior, son cuatro grandes asuntos los que interesa abordar, estos son: la sostenibilidad urbana, el ordenamiento ecológico, los denominados derechos de la naturaleza y el hábitat en relación a la vivienda rural en Colombia.

Frente a la sostenibilidad urbana, es necesario reconocer que los avances en ciencia y tecnología en este último siglo, sumados al incremento del proceso de urbanización mundial, que implica que más de la mitad de seres humanos estemos viviendo hoy en ciudades, trae consigo grandes beneficios pero a su vez genera enormes problemáticas. El hecho de que hoy logremos tener más años de vida, contar con la posibilidad de disfrutar más tiempo en este planeta, contar con mayores posibilidades de tener acceso a la salud, la educación, el trabajo, y en general poder mejorar el estado de bienestar colectivo, todo ello gracias a que la aglomeración en las ciudades que permite una mayor acumulación de la riqueza y por lo tanto, se entendería que de una mejor distribución de los beneficios que ello conlleva.

Sin embargo, no existen territorios y sociedades ideales, lo que contamos es con ciudades y hábitats desiguales con problemáticas diferenciadas, algunas con mayores implicaciones que otras. Estas grandes problemáticas asociadas con la sostenibilidad urbana y territorial están dadas por la falta de permanencia de un modelo de desarrollo y de organización territorial que responda de manera simultánea, tanto a las demandas colectivas de la sociedad como a los requerimientos de la naturaleza y el territorio. Agotamos el agua en todas sus formas, desplazamos o eliminamos la fauna y la flora, reemplazamos los suelos productivos por cemento y automóviles, le impedimos respirar a la naturaleza, contaminamos el aire, el suelo y el agua, consumimos desaforadamente en un mundo de mercado al que no le interesa la naturaleza sino únicamente en su relación de mercado. Es decir, la sostenibilidad urbana debe superar en el presente y futuro mediato el ser un discurso incluyente para convertirse en una práctica consistente y colectiva, en un hecho territorial y urbano real.

Por ello cuando nos referimos al ordenamiento territorial pensado desde una perspectiva ecológica, debemos partir por interpelarnos en el sentido de seguir asumiendo que los problemas son de la naturaleza. Sin embargo, nos equivocamos, los problemas son de las sociedades presentes y sus modelos de desarrollo, que no reconocen que el hombre es el que interfiere con la naturaleza y la transforma, no siempre de manera positiva. El territorio y la naturaleza están ordenados, son los seres humanos los que lo desordenamos. Ello nos replantea, y nuevamente nos lleva a plantearnos el hecho de que nuestro paso por esta aldea global es transitorio, con unas temporalidades muy reducidas pero con unos efectos de largo plazo. Ya no basta con reivindicar las consignas ambientalistas o ecologistas, ya no basta con llamar a pagar a quien contamina, ya no basta con establecer que hay que resarcir los daños que se producen sobre la naturaleza. No, hoy se demanda una mirada y acción colectiva que entienda que las decisiones y acciones en el presente también son acciones de futuro. Hoy debemos pensarnos y configurar un ordenamiento ecológico de modo colectivo, tanto en los escenarios urbanos como en los escenarios rurales. No podemos seguirnos pensando como rurales o urbanos, debemos pensarnos colectivamente como corresponsables del ordenamiento ecológico para las presentes y futuras generaciones.

Por otra parte, desde el siglo XX venimos visibilizando y reconociendo la existencia de derechos, tanto individuales como colectivos. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, no se trata solamente de su visibilización, se trata de la necesidad urgente de que reconozcamos colectivamente que los derechos son la máxima expresión del avance de las sociedades y que estos no son negociables sino aplicables. Sin embargo, cada día, frente a los derechos, para que estos sean reconocidos, ya no se habla solo de los individuales, sino también de los colectivos. También se relacionan como los derechos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Pero aún más, hoy en día estamos considerando los derechos del territorio y los derechos de la naturaleza. Debemos, entonces, preguntarnos ¿Qué nos lleva a tener que “reclamar” por el respecto y materialización de estos derechos?. La respuesta es obvia, pero no por ello debemos dejar de expresarla. Los seres humanos a pesar de sus grandes avances científicos, sociales, económicos y en general en múltiples ordenes, seguimos haciendo estos a costa de lo que sea y en nombre de todos, sin que ello sea un progreso colectivo real, ordenado y sostenible. Por el contrario, es avasallador y expoliador, sin importarle a unos pocos el detrimento de muchos. Así, los Derechos de la Naturaleza no son un discurso, son una demanda colectiva por una sociedad y un modelo de desarrollo más justo y equitativo.

Por último, las problemáticas del hábitat rural no se quedan atrás. Como no es posible abordarlas todas nos referiremos al derecho a la vivienda rural. En esa dimensión, el hábitat es un punto prioritario en las formaciones económico-sociales de la historia moderna, aspecto que es totalmente reconocido, por lo que es innecesaria su argumentación. Pero, los mecanismos para la satisfacción de este derecho resultan ser un punto bastante discutido, tanto en marcos académicos como políticos, además de sus múltiples circunstancias que pueden depender del específico contexto histórico y de las voluntades políticas inmersas; ámbitos que, por supuesto, demarcan y son aterrizados en la actualidad colombiana, trayéndolos a colación a los interrogantes de cómo satisfacer el derecho fundamental a la vivienda.

Aquellos “viejos” debates siguen vigentes, enmarcados en la producción de las llamadas Viviendas de Interés Social (VIS) como propuesta gubernamental en Colombia desde 1991 para el acceso a la misma. Este derecho se consagra a partir de la Constitución de 1991, donde se optó por dar participación a actores privados en los recursos estatales para la producción de vivienda. Esta participación del mercado, debida a la desregulación para el libre mercado, fundamentando en las prácticas del mercado neoliberal, convirtió a las VIS como el mecanismo mixto o plenamente privado con el que el Estado ha buscado satisfacer el déficit cuantitativo de vivienda de la población Colombiana (Parias), especialmente de la población de más bajos ingresos (…). Sin embargo, las VIS han tenido dos fuertes dificultades: han buscado satisfacer únicamente las necesidades de vivienda en lo urbano y no han tenido en cuenta las especificidades de la población aludida por las VIS.

En este sentido y en relación al hábitat rural colombiano, se formula el programa de Vivienda de Interés Social Rural (VIS-R), siendo esta una iniciativa por medio de la cual el Gobierno Nacional, a través de la modalidad de Subsidios Familiares de Vivienda (SFV), busca aportar soluciones habitacionales frente al problema del déficit, tanto cuantitativo como cualitativo, de la vivienda rural. Su principal objetivo es la construcción de una estructura habitacional completamente gratuita, que permita a los hogares rurales colombianos gozar de una vivienda digna, la cual, se determina por medio de las condiciones mínimas satisfactorias de espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad estructural. El proyecto consiste en una “…propuesta técnica, financiera, jurídica y social, que presenta una Entidad Oferente en el marco de una convocatoria, para atender mediante las modalidades de mejoramiento y saneamiento básico o construcción de vivienda nueva, a mínimo cinco (5) y máximo sesenta (60) hogares subsidiables”.

Para tal fin, el gobierno designó al Banco Agrario de Colombia, como la entidad encargada de otorgar los recursos a las entidades oferentes que soliciten los subsidios. El proceso se ve mediado por una entidad evaluadora del programa, que se encarga de recibir y analizar los proyectos de las entidades oferentes. Así pues, los proyectos son evaluados desde los aspectos técnicos, económicos y ambientales, para posteriormente, seleccionar los que cumplen a cabalidad los prerrequisitos exigidos y, por consiguiente, elegir a aquellas entidades a las que se les puede otorgar el subsidio.

El programa de VIS-R y específicamente el esquema de adjudicación de subsidios, sufrieron un importante cambio hacia el año 2011. Este modelo produjo que una gran cantidad de obras quedaran inconclusas y que otras se construyeran sin cumplir las mínimas normas técnicas, perjudicando a las familias beneficiarias. A raíz de esto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, modificó el antiguo esquema, y generó un nuevo modelo de adjudicación de subsidios y administración de los mismos. Este nuevo modelo se caracteriza por la inclusión de las Gerencias Integrales, entidades que se encargan de contratar al constructor, efectuar la interventoría, direccionar los recursos y realizar el adecuado seguimiento a cada proyecto aprobado para el subsidio. Estas características, se han configurado como piezas esenciales en la idea de este nuevo esquema para optimizar el programa de VIS-R.

Pero este nuevo esquema no es adecuado, y se llegó a la conclusión de que aunque el Programa de VIS-R es imprescindible para el desarrollo del medio rural colombiano, aun no brinda una solución completa al propósito principal que consiste en generar una vivienda digna para la población rural del país. La debilidad del esquema radica principalmente en el evidente desconocimiento de los contextos culturales, sociales, geográficos, ambientales y técnico-constructivos de la diversidad del territorio y la población colombiana, con lo cual las propuestas que se presentan homogenizan las soluciones, se limitan a los mínimos exigidos y afectan el hábitat de la población rural .

Por ello se requiere, con el único propósito de contribuir a generar vivienda digna a la población rural de Colombia, que sean tenidos en cuenta todos los contextos particulares del territorio y su población. No es posible que se siga pensando y haciendo vivienda urbana en contextos rurales como “solución” a los problemas del hábitat rural colombiano. No es posible que sigamos haciendo viviendas pensadas con técnicas e infraestructuras urbanas desconociendo la posibilidad de apropiar materiales y técnicas regionales y locales, el uso de energías alternativas y el manejo de sistemas auto sostenibles con tecnologías eficientes en el territorio rural.

Es en este sentido, que este texto, es una invitación a pensar, reflexionar y proponer nuevas formas de relacionarnos los seres humanos con la naturaleza, lo cual significa ahondar en el alcance de la sostenibilidad urbana, el ordenamiento ecológico, los derechos de la naturaleza y el hábitat en general, lo cual implica establecer nuevos escenarios de política pública que pongan como prioridad la vida y no la acumulación económica.

Ciudad Universitaria, Bogotá D.C.

Agosto de 2016 

On urban sustainability, ecological planning, natural rights and rural building in Colombia

A contribution to the article by Carlos Alberto Torres Tovar

by Norbert Richard Otto Pintsch

So this is just a contribution to an article ...

Topics such as urban sustainability, the environment and resource protection, as well as the impact on building in the rural and urban areas, occupy us in the present times. Discussions and debates on housing problems in Colombia are a current and important contribution to the resolving these issues.

We recognize the importance of these issues in the second decade of this century, as they impact the global ecosystem, and the limits to which the ecosystem can be burdened by them. Likewise, we should understand the status of our planet today as a million-year-long development process and understand that any manipulation to it will lead to a climate change.

The effects of developments in the 19th century and the now over 6 billion people in the world who uncontrollably consume natural resources for food and other consumption have increased the pressure on the ecosystem.

However, a rethink is taking place in our time, which becomes apparent from verbal discussions in various international bodies and conferences (from Kyoto Protocol, 1997 to Paris COP21, 2015). Still, the emphasis is on generalized solutions supposed to be valid everywhere and the thinking does does not move away from growth related compulsions, sham improvements and political-economic and technical manipulation attempts, while the real status on the planet continues to change by the influence of the factors industry and human being an. Due to our dependence on scientific explanations, we do not recognize the interstellar system and its higher placed laws, which means overstretching due to focusing on invalid and sham laws.

Global repercussions and national actions are difficult to reconcile, but Colombia also tries to find solutions for its territory in respect of rural and urban housing. In the urban areas, urbanization is seen as an achievement, whereby the growing cost of technical and social infrastructure and the actually declining tax revenues are totally ignored.

Economic activity, as a mixture between global, cross-border trade and national, territory-oriented activities, are the reasons for this approach. In addition there is the scientific-technical-oriented understanding of the overall effect en bloc, for example attempting to reduce the global climate change by X-percentage points.

From the point of view of the government of a country and its inhabitants it is also difficult to understand why problems of the neighboring country or even on a different continent affect the solution to problems in one's own country.

From the point of view of the government of a country and its different inhabitants it is also not understandable, why not a model can be implemented independent of the region. The diversity of lifestyles in the rural areas can hardly be transferred to the urban areas -the situation in the cities with standardized housing and the illusions of the technical infrastructure are understood as development and not as wastage of resources.

Growth and prosperity are achieved at the cost of destruction of nature and environmental degradation, while human and other rights, as well as calls for sustainability are nothing more than empty slogans and technocratic manipulations of sham norms.

One is still miles away from real steps towards protection due to political and economic reasons.